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Organización Política

Antecedentes

Un total de 23 Constituciones han sido promulgadas a lo largo de la historia haitiana. La primera de ellas fue establecida durante el breve gobierno de Toussaint L'Ouverture, líder de las fuerzas revolucionarias.

  1. Constitución de 1801: Designa a Toussaint gobernador vitalicio
  2. Constitución de 1804
  3. Constitución de 1805: Crea el Imperio y designa a Jean-Jacques Dessalines emperador.
  4. Constitución de 1806
  5. Constitución de 1807
  6. Constitución de 1811
  7. Constitución de 1816.
  8. Constitución de 1843
  9. Constitución de1849. Establece el Imperio de Faustin I.
  10. Constitución de1874. Establece un mandato de ocho años para el Poder Ejecutivo (elegido por la Asamblea)
  11. Constitución de1879
  12. Constitución de1889: basada en la Constitución de 1879
  13. Constitución de1902
  14. Constitución de1918
  15. Constitución de1932
  16. Constitución de1935
  17. Constitución de1946
  18. Constitución de1950: Reconoce el derecho a voto de la mujer.
  19. Constitución de1957
  20. Constitución de1964: Establece el mandato vitalicio para F. Duvalier
  21. Constitución de1971
  22. Constitución de1983
  23. Constitución de1987: Actualmente vigente

Forma de organización política

Luego de veintinueve años de dictadura duvalierista en Haití, la Constitución de 1987 estableció como forma de gobierno una “República indivisible, soberana, independiente, cooperativista, libre, democrática y social".

La condición de "cooperativista" es un agregado a la formulación de la Constitución de 1983. La estructura de organización política es, al igual que en la de 1983, la correspondiente a un estado democrático tradicional. Los Artículos 58, 59 y 60 establecen que la soberanía radica en todos los ciudadanos y que estos delegan el ejercicio de esa soberanía en las tres ramas del gobierno: la ejecutiva, la legislativa y la judicial, cada una de las cuales es independiente y no pueden traspasar los límites que la Constitución y las leyes establecen para cada una.

Prohibición a los duvalieristas para ocupar cargos oficiales

En otra de las disposiciones de la Constitución de 1987 se establece la prohibición a los duvalieristas de ocupar cargos públicos por un período de diez años. El Artículo 291 lee:

“Durante los diez (10) años siguientes a la publicación de la presente Constitución y sin perjuicio de las acciones penales o de reparación de perjuicios que correspondan, no podrán aspirar a ningún cargo público:

a) Las personas notoriamente conocidas por haber sido por su exceso de celo, artífices de la dictadura y sostenedores de la misma durante los últimos veintinueve (29) años;

b) Los que hayan sido contadores del erario público durante los años de la dictadura y sobre quienes recaiga la presunción de enriquecimiento ilícito;

c) Los que hayan sido denunciados por clamor público por haber practicado la tortura de prisioneros políticos, en ocasión de arrestos e investigaciones, o por haber cometido asesinatos políticos.”

El Consejo Electoral Provisional

La Constitución de 1987, en su Artículo 289, dispone el establecimiento de un Consejo Electoral Provisional (CEP) al que se le confiere el control del proceso electoral, está compuesto por nueve miembros de distintos sectores sociales que se encargarán de la ejecución y elaboración de la ley electoral que regirá en las elecciones. Los integrantes de este Consejo serán designados en la forma siguiente:

a. Uno por el Ejecutivo, que no sea funcionario de éste;

b. Uno por la Conferencia Episcopal;

c. Uno por el Consejo Consultivo;

d. Uno por el Tribunal Supremo;

e. Uno por los Organismos de Defensa de los Derechos Humanos, no participantes en las elecciones;

f. Uno por el Consejo de la Universidad;

g. Uno por el Colegio de Periodistas;

h. Uno por las Iglesias Reformadas;

i. Uno por el Consejo Nacional de Cooperativas.

Además, el Artículo 292 de la Constitución confiere al CEP el poder de determinar qué candidatos son duvalieristas y que, como tales, deben ser descalificados como aspirantes a cargos públicos.

El Poder Ejecutivo

De acuerdo con la Constitución, el Presidente es elegido por el voto directo y universal de una mayoría absoluta., que, en caso de no lograrse, se definirá por un ballotage entre los dos contendientes principales.

El período del mandato presidencial es de cinco años y debe iniciarse y terminarse el 7 de febrero siguiente a la fecha de las elecciones. Las elecciones presidenciales deben celebrarse el último domingo de noviembre, en el quinto año del mandato presidencial. Un mismo individuo no puede ejercer más de dos mandatos y estos no pueden ser consecutivos.

Entre los deberes del Presidente se encuentra la designación del Primer Ministro entre los miembros del partido con mayoría en el parlamento, que luego debe ser ratificada por éste. El Presidente. El Presidente es el jefe nominal de las Fuerzas Armadas, con autorización para declarar la guerra y, con el consentimiento del Senado, nombrar al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. En el caso de quedar vacante la Presidencia, la investidura recaerá en el Presidente de la Corte Suprema, quien será investido por la Asamblea Nacional, debidamente convocada por el Primer Ministro.

De conformidad con el Artículo 135 de la Constitución, para ser electo Presidente de Haití, un candidato debe cumplir los siguientes requisitos:

j. Ser haitiano de origen y no haber renunciado jamás a su nacionalidad;

k. Tener, en la fecha de las elecciones, treinta y cinco (35) años cumplidos;

l. Disfrutar de sus derechos civiles y políticos y no haber sido jamás condenado a pena aflictiva e infamante por un delito común;

m. Ser propietario de al menos un inmueble en Haití y tener en el país una residencia habitual;

n. Haber residido en el país durante cinco (5) años consecutivos antes de la fecha de las elecciones;

o. Haber recibido los descargos de su gestión si ha manejado fondos públicos.

Por su parte, el Primer Ministro es el Jefe del Gobierno y dirige la política de la nación. Las condiciones para ser designado Primer Ministro, son similares a las del Presidente, a excepción de la edad: el candidato debe haber cumplido los treinta (30) años de edad y haber residido en el país durante cinco (5) años consecutivos.

Entre sus funciones se encuentra la de designar a los miembros de su gabinete con la aprobación del Presidente y un voto de confianza de las Cámaras del Congreso. Además, en acuerdo con el Presidente, es responsable de la defensa nacional y del cumplimiento de las leyes.

En el caso de cometerse ciertos delitos como el de alta traición o crímenes cometidos en el desempeño de sus funciones, la Constitución prevé la actuación del Tribunal Superior de Justicia contra el Presidente o el Primer Ministro.

El Poder Legislativo

La Constitución de 1987 establece un sistema bicameral compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Las condiciones exigidas para ser aspirante a Diputado por un período de cuatro años y con posibilidad de reelección son similares a los exigidos para el Presidente y el Primer Ministro, con la diferencia de tener 25 años cumplidos y haber residido por lo menos dos (2) años consecutivos antes de la fecha de la elección en la circunscripción electoral que va a representar.

Las condiciones para ser aspirante a Senador son similares a las de Diputados, a excepción de la edad: el candidato debe tener (30) treinta años cumplidos y haber residido en el Departamento que va a representar por lo menos cuatro (4) años consecutivos antes de la fecha de la elección. Los senadores se eligen por períodos de seis años y pueden ser reelectos. Además, según el Artículo 291, el requisito previo más importante para el aspirante a diputado o senador es que no haya tenido vínculos con los regímenes dictatoriales puesto que, de ser esto afirmativo, quedaría descalificado para ocupar un cargo público.

La Constitución dispone que la Cámara de Diputados y el Senado, reunidos en conjunto, se constituyan en Asamblea Nacional. El período ordinario de sesiones del Poder Legislativo comienza con la reunión de la Asamblea Nacional. El Senado sesiona de forma permanente. En ningún caso pueden ser disueltas o suspendidas ninguna de las dos cámaras. En el caso de existir una controversia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, la Constitución de 1987 dispone la existencia de una Comisión de Conciliación para resolver tales controversias.

Ambas Cámaras del Poder Legislativo así como el Ejecutivo pueden iniciar un proyecto de ley. De forma similar se otorgan poderes adicionales al Parlamento cuando actúa como Asamblea Nacional, tales como los de tomar juramento al presidente, ratificar la decisión de declarar una guerra, aprobar o rechazar tratados y modificar la Constitución. Las reuniones de la Asamblea General son públicas, a menos que un mínimo de cinco miembros soliciten que se celebren a puertas cerradas. Los miembros del Poder Legislativo disfrutan de inmunidad desde el día que prestan juramento hasta el vencimiento de su mandato.

El Poder Judicial

El sistema judicial interno de Haití está compuesto por el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Fiscalía, el Protecteur du Citoyen et de la Citoyen y la Policía Nacional.

Asimismo, el Poder Judicial está integrado por la Supreme Cour o Cour de Cassation, (que también sesiona como Cour Supérieur des Comptes y Counseil Supérieur de la Magistrature), las Tours d´appel, los Tribunaux de premiére instance, tribunaux de paix o de simple police y tres tribunales especiales: du Travail, Pours Enfants y Terrien.

La Cour de Cassation es el tribunal con jerarquía jurisdiccional más alta del país. Está integrada por nueve jueces (incluidos el presidente y vicepresidente de la Corte). Se encuentra dividida en dos secciones que operan separadamente o en una cámara común. El Presidente designa a los jueces de acuerdo a una lista de al menos tres candidatos, preparada por el Senado. Duran en su cargo 10 años y no pueden ser removidos.

La Corte conoce los recursos extraordinarios que se interponen contra casos que provienen de instancias judiciales inferiores. Además, revisa asuntos de derecho constitucional y de interpretación o aplicación de las leyes, así como denuncias contra jueces de tribunales inferiores y conductas impropias de funcionarios de la Fiscalía.

En la actualidad la Corte sesiona como Cour Supérieur des Comptes y Counseil Supérieur de la Magistrature. En ejercicio de la primera, resuelve asuntos administrativos y de supervisión de gasto público; en la segunda, selecciona y destituye jueces, e impone sanciones disciplinarias.

Adicionalmente, existen cinco Cours d´appel en el país, conformadas por un presidente, cinco a siete jueces, un representante del gobierno y un número de fiscales. Están en sus cargos por un periodo de diez años, sin posibilidad de ser removidos.

Existen quince tribunaux de premiére instante, integrados por al menos un juge d’ instruction y un juge simple. De acuerdo con la Constitución, el Presidente designa jueces de listas preparadas por las asambleas departamentales. Hay oficinas de persecución cercanas ( parquet), con un fiscal y un asistente de fiscal. Estas cortes tienen jurisdicción general sobre materias civiles, comerciales, marítimas y penales, y jurisdicción de apelación en algunas decisiones de los tribunaux de paix.

Cada jurisdicción tiene un tribunaux de paix, con un juez de paz y un juez asistente. Las responsabilidades de estos tribunales son variadas, incluyendo materias penales, civiles y funciones extrajudiciales. Se estima que existen aproximadamente 170 tribunaux de paix en el país. En causas comerciales y civiles, poseen jurisdicción en asuntos cuya cuantía no exceda los Gd 25.000 (US$ 1.315). En causas penales y correccionales, estos tribunales se conocen como tribunaux de simple Police.

De acuerdo con la Constitución de 1987, el Tribunal de Casación, los Tribunales de Apelaciones, de Primera Instancia, de Paz y los Tribunales Especiales están investidos del poder judicial. Además, la Constitución contempla que el Senado se convierta en Tribunal Superior de Justicia para considerar casos políticos, como puede ser el juicio público al Presidente por un delito de traición. En materia de delitos políticos, la Constitución establece la creación de tribunales especiales cuya jurisdicción debe ser determinada por ley. La Constitución dispone, además, que los juicios sobre delitos políticos o de la prensa no pueden celebrarse a puertas cerradas.

Derechos y Garantías establecidos por la Constitución

La Constitución consiste en un preámbulo, quince títulos y 298 artículos. De los quince títulos, el III, con el nombre de "Derechos y Deberes Fundamentales del Ciudadano", trata de los derechos individuales y el IV se refiere a "Los Extranjeros".

En esa sección declara iguales ante la ley a todos los haitianos, pero confiere ciertos beneficios a los haitianos de origen, como, por ejemplo, la disposición que establece que sólo los haitianos de origen pueden ser candidatos a cargos como el de Presidente de la nación, Primer Ministro o miembros del Poder Legislativo

Asimismo, establece tanto los derechos como los deberes fundamentales de los ciudadanos, considerando la mayoría de edad a los 18 años, edad en la que cobran vigencia los derechos políticos y civiles.

La pena de muerte ha sido abolida para todos los tipos de delitos. La libertad individual está garantizada y sólo se puede ser procesado, arrestado o detenido de conformidad con las leyes. Nadie puede ser detenido sin orden judicial, a menos que se le encuentre cometiendo un delito, y ninguna orden judicial puede ejecutarse entre las 18 y las 6 horas. Nadie puede ser detenido por más de 48 horas, a menos que haya comparecido ante un juez que haya sido llamado para determinar la legalidad de la detención y haya confirmado el arresto mediante una decisión bien fundada. La tortura y toda forma de coerción quedan prohibidas y el detenido sólo puede ser interrogado en la presencia de su abogado o de un testigo elegido por él.

La libertad de expresión está garantizada por la Constitución y a todos los delitos relativos a la prensa y los abusos cometidos en esa materia les será aplicado el código penal. También están garantizados el derecho de asociación y el de no asociación. Además, debe notificarse a la policía, en forma previa, toda celebración de asambleas y manifestaciones.

En cuanto a los derechos sociales, el derecho a la educación es reconocido y la escuela primaria es obligatoria "so pena a ser prescritas por la ley". La educación secundaria está "a disposición de todos" pero no es obligatoria. Se encuentra reconocido el derecho al trabajo. El Estado garantiza a los trabajadores iguales condiciones de trabajo, sin perjuicio del sexo de que se trate, y el derecho a salarios justos, descanso, vacaciones anuales pagadas y aguinaldo. El derecho de huelga está reconocido y puede ser limitado por la ley.

La propiedad privada es reconocida y protegida. Aunque están prohibidas la nacionalización y la confiscación, la reforma agraria está contemplada como excepción a esta prohibición general. El propietario rural también está obligado constitucionalmente a proteger su tierra contra la erosión, con sujeción a penalidades legales en caso de no hacerlo. El proceso de erosión de las tierras cultivables del país ha destruído sistemáticamente la capacidad agrícola y esta disposición constitucional intenta tratar este problema.

En cuanto a la seguridad personal, la misma está garantizada por la Constitución y ningún haitiano puede ser deportado o expulsado “por ninguna razón”. Además, no puede privarse a nadie de su capacidad legal ni de su nacionalidad por motivos políticos. Ningún haitiano necesita visados para salir del país o entrar a él. Están prohibidos hacerse registros ni incautaciones que no estén prescritos por ley y la correspondencia y otras formas de comunicación son inviolables. Las comunicaciones sólo pueden ser limitadas por orden judicial.

La Constitución establece también que las personas detenidas deben estar separadas de aquellas que han sido condenadas y las prisiones deben administrarse “de acuerdo con los estándares de respeto a la dignidad humana prescritos por la ley pertinente”.

En reconocimiento del hecho de que tanto el créole como el francés son los idiomas oficiales de Haití, todas las leyes, los decretos, los tratados, etc. deben ser publicados en ambos idiomas, excepto la "información referente a la seguridad nacional".

Mecanismos para proteger las garantías individuales

La Constitución dispone la creación del cargo de Defensor del Pueblo, destinado a proteger a todos los individuos contra cualquier tipo de abuso cometido por el Gobierno. Este cargo debe ejercerlo, por un período de siete años, una persona elegida por consenso entre el Presidente, el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados. Su intervención en nombre de cualquier demandante -que no necesita ser ciudadano de Haití- se hará sin cargo alguno

Otras disposiciones constitucionales destinadas a proteger los derechos individuales incluyen las limitaciones y salvaguardas impuestas al Gobierno en relación con la declaración del estado de sitio y la separación del Ejército y la Policía.

El estado de sitio sólo puede declararse en caso de guerra civil o invasión extranjera. En consecuencia, no puede declararse para silenciar el desacuerdo o en casos de disturbios y manifestaciones. La declaración de estado de sitio puede ser hecha por el Presidente, con la aprobación del Primer Ministro y todos los Ministros, y debe contener la inmediata convocatoria a la Asamblea Nacional para que decida sobre la medida. El estado de sitio prescribe si no es renovado cada quince días con el voto de la Asamblea Nacional, la que debe permanecer en sesión permanente mientras dure el mismo.

La Constitución no contempla otros cuerpos armados más que las Fuerzas Armadas y la Policía. De hecho, declara explícitamente que no “existirá en el territorio nacional ningún otro cuerpo armado”, en referencia a la disolución de los notorios Voluntarios de la Seguridad Nacional, popularmente conocidos como Tontons Macoutes.

Los deberes de las Fuerzas Armadas consisten en defender el Estado de toda agresión externa, aunque también puede solicitárseles que presten asistencia en casos de calamidades, en tareas de desarrollo o “para prestar asistencia a la policía cuando ésta no pueda controlar una situación, a solicitud, muy bien fundada, del Ejecutivo”.

El servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos haitianos que hayan cumplido los dieciocho años. Los haitianos tienen derecho a portar armas para usarlas en defensa propia pero únicamente con expresa autorización del Jefe de Policía, y la posesión de armas de fuego debe ser reportada a la policía.

De acuerdo con la Constitución, la Policía funciona bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia y está establecida para “investigar violaciones, delitos y crímenes cometidos, a fin de descubrir y arrestar a sus autores”. A su vez, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía están sujetos a “la responsabilidad civil y penal en la forma y condiciones estipuladas por la Constitución y las leyes”.

Las obligaciones internacionales de Haití en el campo de los derechos humanos

Haití es miembro de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas, cuyas Cartas establecen el respeto a los derechos humanos.

El 27 de septiembre de 1977, Haití depositó su instrumento de adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). La Convención Americana entró en vigor el 18 de julio de 1978 y, en consecuencia, Haití está legalmente obligado a observar los derechos y las libertades establecidos en dicha Convención y a garantizar a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, el libre y pleno ejercicio de sus derechos, sin discriminaciones por razones de raza, color, sexo, idioma, credo, opiniones políticas o de otro tipo, origen nacional o posición social, situación económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El Artículo 276-2 de la Constitución de 1987 estipula que los tratados ratificados por Haití se convierten en parte de su legislación interna. Esta disposición es de suma importancia en vista de que Haití ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, de acuerdo con esta disposición constitucional, la Convención está incorporada a la legislación interna del país.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es el único instrumento general sobre derechos humanos de la cual Haití es parte. Sin embargo, también es parte de los siguientes instrumentos de derechos humanos concretos, relacionados con la prevención de la discriminación: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965); la Convención Internacional sobre la Supresión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1978); la Convención de la OIT (Nº 100) relativa a Igual Remuneración para Trabajadores y Trabajadoras por Trabajo de Igual Valor (1951); y la Convención de la OIT (Nº 111) referente a la Discriminación Respecto del Empleo y la Ocupación (1958).

Haití también es parte de convenciones sobre derechos humanos relativos a las siguientes cuestiones: la Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio (1948); la Convención Complementaria de la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Similares a la Esclavitud (1956); la Convención sobre la Supresión del Tráfico de Personas y sobre la Explotación de la Prostitución de Otros (1949); la Convención de la OIT (Nº 29) relativa a al Trabajo Forzado (1930); la Convención de la OIT (Nº 105) referente a la Abolición del Trabajo Forzado (1957); la Convención de la OEA sobre Asilo (1928), la Convención de la OEA sobre Asilo Político (1933); la Convención de la OEA sobre Asilo Diplomático (1954) y la Convención de la OEA sobre Asilo Territorial (1954).

Haití es parte de instrumentos de derechos humanos referentes a la protección de grupos particulares: la Convención de la OIT (Nº 87) sobre Libertad de Asociación y Protección del Derecho a Organizarse (1948); la Convención de la OIT (Nº 98) relativa a la Aplicación de los Principios del Derecho a Organizarse y a la Negociación Colectiva (1949); la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952); la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (1948); y las cuatro Convenciones de Ginebra (1949, 1950).

Fuente: OEA